Las cooperativas de reparto como alternativa
En los últimos 5 años, las calles de las grandes ciudades españolas se han llenado de repartidores de comida a domicilio, ataviados con mochilas de diferentes colores para distinguir la compañía para la cual trabajan (aunque muchas veces no se corresponda, pues un rider puede trabajar para varias plataformas a la vez).
Este crecimiento exponencial en la presencia de repartidores ha ido en paralelo a la polémica que ha suscitado el estatus laboral y las condiciones de los mismos. La gran mayoría de compañías (Glovo, Uber Eats o Deliveroo) se acogían a un hueco legal para que sus riders ejerciesen como autónomos cuando, en la mayoría de las ocasiones, realmente existía laboralidad en la naturaleza de la relación.
Pero ese no era el único drama. La desregulación del sector provocó la aparición de una especie de “mercado negro de licencias”. Es decir, un sujeto A tenía la posibilidad de tener varias licencias y utilizarlas para que un sujeto B (muchas veces sin papeles) completase la jornada laboral. El resultado: el sujeto A se llevaba una comisión y el sujeto B un sueldo mísero. Una polémica que se acentuó con la trágica muerte de un repartidor sirio en Barcelona que había llegado hacía apenas unas semanas a la ciudad.
El gobierno socialista llegó con la intención de atajar esta problemática con la aprobación de la Ley Rider, una regulación que llevaba la firma y el pensamiento de Yolanda Díaz (Ministra de Trabajo). Su aprobación supuso que los repartidores dejasen de ser autónomos para ser asalariados. Un cambio que no cambió las intenciones de un colectivo que decidió desmarcarse del modus operandi de las grandes plataformas de reparto mucho antes: las cooperativas de reparto a domicilio. Las hay por todo el territorio nacional: Mensakas, en Barcelona; La Pájara, en Madrid; Rodant en Valencia; Zámpate en Zaragoza o Botxo Riders en Bilbao.
En la mayoría de casos son repartidores que vienen de las grandes plataformas y que, tras una mala experiencia en las mismas, han ido constituyendo en diferentes cooperativas. Se definen, entonces, como una alternativa local a las grandes plataformas digitales –de hecho, se consideran “a las antípodas” de estas–, construidas sobre un proyecto sólido y sostenible y desarrollando oportunidades de trabajo seguro y digno. Para ello se basan en la autoorganización y la gestión democrática para apoyar el consumo responsable y el comercio de proximidad. Su distintivo es la relación de confianza que crean con sus clientes y colaboradores. Además, reparten exclusivamente en bicicleta para defender un modelo de logística urbana de emisiones cero.
Con escala europea
Todas estas cooperativas nacionales operan bajo el yugo de CoopCycle, una federación de entrega por bicicleta que está gobernada democráticamente por las propias cooperativas. Su fundamento es la solidaridad entre ellas, lo cual les permite reducir sus costes mediante la mutualización de los servicios. En definitiva: crea una fuerza colectiva para negociar, y para defender los derechos de los repartidores.
Una herramienta completa de ciclo-logística, de código abierto, CoopCycle permite a las cooperativas administrar sus entregas y a los comerciantes, restauradores y clientes que puedan acceder al sistema. El software está protegido por una licencia de reciprocidad, que reserva su uso a las cooperativas y ofrece los siguientes servicios:
- La plataforma de software que permite a los miembros gestionar sus entregas y ofrecer una solución de comercio electrónico a sus clientes.
- La aplicación para teléfonos, para facilitar la entrega por bicicleta. Otra aplicación permite al cliente hacer sus pedidos.
- El apoyo para el desarrollo de ofertas comerciales comunes distribuidas en varias ciudades, para aspectos clave del servicio.
Los servicios comunes de cada cooperativa se financian mediante cotización y los fondos recaudados son gestionados por los socios, lo que les permite recuperar el control sobre su actividad profesional y herramientas de trabajo. CoopCycle adopta una gestión de gobernanza democrática donde los riders, trabajadores socios, deciden en conjunto sobre el nivel de contribución de todos según su condición jurídica (cooperativa, asociación, entidad institucional), la asignación de los fondos y el esquema de pago para brindar los servicios.
